La Asociación Nacional de Operadores Locales de Telecomunicaciones (AOTEC) asegura que con la nueva normativa aprobada por el Ministerio de Economía los ayuntamientos ya tienen “un primer marco claro, con tiempos tasados” sobre la creación de redes de banda ancha, en concreto para el acceso a infraestructuras públicas ya existentes –como por ejemplo las canalizaciones eléctricas—con el fin de facilitar el despliegue de cableado.

El Real Decreto 330/2016, relativo a medidas para reducir el coste del despliegue de las redes de comunicaciones electrónicas de alta velocidad, se publicó el pasado 15 de septiembre y era en opinión de AOTEC “un paso esperado y muy necesario” ya que con él se comienza a desarrollar la Ley 9/2014, General de Telecomunicaciones, un camino que “urge” culminar.

Para la AOTEC, el procedimiento establecido despeja posibles dudas que pudieran tener los titulares de infraestructuras públicas, en especial los ayuntamientos, a la hora de conceder autorizaciones, por lo que confía en que contribuya a acelerar los despliegues.

“Aporta transparencia, establece mecanismos de resolución de conflictos e impulsa el uso de infraestructuras ya existentes para instalar la banda ancha, minimizando así las obras necesarias y por tanto, las molestias a la ciudadanía”, afirma la organización.

La nueva normativa se centra en los procedimientos y plazos para conceder las autorizaciones para utilizar desde canalizaciones de electricidad o el alumbrado público, pasando por canalizaciones de agua o gas, hasta las infraestructuras de transporte (ferrocarril, carreteras o puertos) y las redes de telecomunicaciones públicas. También aborda los permisos para la realización de aquellas nuevas obras civiles que sean necesarias y las vías de resolución de conflictos en cada caso.

El operador local suele establecerse en poblaciones de menos de 50.000 habitantes y, por lo general, centra su actividad en un municipio, donde pretende permanecer de forma estable “indefinidamente y prestando el mejor servicio posible de telefonía, Internet y contenidos televisivos”. Para realizar un despliegue ágil y eficiente es de “vital importancia” un buen entendimiento con las autoridades y la nueva normativa desgrana las “reglas del juego” a la hora de utilizar infraestructuras disponibles, con lo que confían en que sirva para evitar dilaciones innecesarias y malos entendidos.

Una de las claves de este real decreto es la trasparencia, al obligar a los titulares de las infraestructuras públicas (ayuntamientos, comunidades autónomas e incluso al propio Estado y sus organismos autónomos) a publicar en sus respectivas páginas web “toda la información relativa a las condiciones y procedimientos aplicables para la instalación y despliegue de redes públicas de comunicaciones electrónicas y sus recursos asociados”.

Dicha información online tendrá que estar accesible, como máximo, en 6 meses desde la publicación del real decreto, es decir, el próximo 15 de marzo. A su vez, la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones (Setsi) establecerá un punto único de información web de permisos y licencias.