La nueva ley general de telecomunicaciones, aprobada el pasado martes en el Congreso gracias a los votos de PP, PSOE y CiU, facilita a las operadoras la expropiación forzosa de azoteas particulares y otras propiedades privadas y públicas para la colocación de antenas de telefonía móvil «cuando resulte necesario para la instalación de la red y no exista otra alternativa técnica o económicamente viable». El objetivo de la normativa impulsada por el Gobierno es que las compañías puedan «acometer proyectos de gran envergadura» para favorecer el despliegue de redes y la prestación de servicios, con el fin de cumplir los objetivos de la Agenda Digital para Europa, que persigue que todos los ciudadanos puedan acceder a conexiones de banda ancha a una velocidad de como mínimo 30 megabits por segundo (mbps) en el 2020 y que la mitad de los hogares puedan llegar a velocidades superiores a 100 mbps.
En la nueva normativa se establece que el Gobierno y el resto de administraciones públicas «deberán colaborar a fin de hacer efectivo el derecho de los operadores de ocupar la propiedad pública y privada para realizar el despliegue de redes públicas de comunicaciones electrónicas». Por ese motivo, las ordenanzas o la planificación urbanística municipal «no podrán establecer restricciones absolutas o desproporcionadas al derecho de ocupación del dominio público o privado de las operadoras», ni imponer itinerarios o ubicaciones concretos en los que instalar estas infraestructuras.
A partir de ahora, tampoco será necesario que los ayuntamientos otorguen licencias municipales de obras y de actividad para que las compañías puedan instalar las antenas, ni tampoco hará falta realizar estudios de impacto ambiental, ya que bastará con que el Ministerio de Industria haya aprobado previamente «un plan de despliegue o instalación de red en el que se contemplen dichas infraestructuras». Las compañías solo estarán obligadas a presentar una «declaración de responsabilidad» en la que certifiquen que cumplen los requisitos exigidos por la nueva ley.